Los hechos del jueves 12 de abril del 2012 (a diez años exactos del carmonato venezolano), evidencia claramente la putrefacción intelectual y moral de España: Un estado en quiebra, con una quinta parte de su población desempleada, vapuleada abiertamente por sus ‘socios’ co-continentales, arrodillada institucionalmente ante ‘los mercados’, embiste con un lenguaje amenazante y prepotente, reminiscente de viejos colonialismos imperiales, contra un estado hispanoamericano, Argentina, con el único propósito de defender los intereses en ese país de una pequeña élite corporativa española. El hecho no es menor; el lenguaje utilizado demuestra un profundo desprecio hacia el país interpelado; los motivos demuestra, una vez mas, que la prioridad del estado español no es el bienestar de su ciudadanía, si no perpetuar los privilegios de las clases potestadas.
Para que entienda el no iniciado en el asunto de trasfondo; Repsol, compañía privada de capital prioritaria, pero no exclusivamente español, maneja YPF, compañía privada otrora estatal Argentina. Sujeta al colapso de la economía española, Repsol ha destinado sus ganancias en YPF casi en su totalidad a pagar dividendos a sus accionistas, evitando la inversión productiva, lo que ha llevado al desabastecimiento energético en Argentina, lo que ha obligado a importar petróleo, aunque sea poseedora de suficientes yacimientos para ser autosuficiente energéticamente. En todo su derecho como país soberano, tomando decisiones en beneficio de su ciudadanía, el estado argentino, por medio de sus provincias, dueñas del petróleo (aunque algunos españoles delirantes se han atrevido a exclamar ‘nuestro petróleo’), ha comenzado a quitar yacimientos a YPF-Repsol, y supuestamente, planifica su renacionalización (que conlleva comprarle sus partes a los accionistas, no su expolio). El hecho no es objetable en términos del derecho Argentino e internacional. Un estado pone las reglas a las compañías que operan en su territorio, y los derechos corporativos no pueden ir en detrimento del bienestar social, y cuando lo hacen, deben ser intervenidos para corregir el problema.
La reacción de España se sustenta en opuesta concepción de mundo: Las corporaciones privadas priman sobre el estado y el bienestar social, y el estado está a su servicio y defensa. España exige a Argentina que se doblegue ante una corporación privada española, aunque esto sea detrimental a la economía del país americano. Esta concepción de mundo no se manifiesta tan solo en sus posturas hacia países externos, sin no que se exhibe con igual perversa coherencia hacia sus propios ciudadanos. El estado español, arruinado, no invierte sus recursos en activar su economía. Sus recursos se invierten en pagar la deuda a los acreedores, motivo por el que aplica draconianas medidas de ‘austeridad’ (el fetiche capitalista), que conllevan drásticas reducciones en el nivel de vida e ingreso de la población, lo que a su vez reduce la capacidad recaudatoria del estado, llevando a un espiral retro alimenticio de mayor austeridad, que conduce inexorablemente hacia la ruina y el estallido social. La solución sencilla, sería aplicar por igual las reglas del capitalismo a todos: Los acreedores cometieron un error al prestar al estado, incapaz de pagar, y deben asumir una quita y una moratoria. Así el estado, libre momentáneamente de deuda, puede estimular la economía, llevando al crecimiento, y a un eventual pago de deuda. Esta herejía no se contempla, por que en la Europa tecnocrática, donde la democracia de hecho ha colapsado en Grecia e Italia (los gobiernos actuales fueron ‘electos’ por la banca internacional y Bruselas), se basa en el simple postulado neoliberal de que los que mas tienen privilegios mas privilegios merecen, y los que menos tienen menos deben tener, pues así se hace ‘justicia’ a la capacidad natural del individuo, y se premia el “éxito”.
Donde mayor se manifiesta esta abominación es en el concepto de deuda hipotecaria. En España, si una persona deja de pagar su hipoteca, pierde su domicilio, como en la gran mayoría de los países del mundo. Pero en la España de la justicia y premio al éxito, este castigo no es suficiente, pues la deuda no se considera pagada con el inmueble, como en la gran mayoría de los países del mundo, si no que el individuo queda debiendo la deuda pendiente. Así, el banco no solo recupera lo adeudado con la venta del inmueble confiscado, si no que la recupera de manera doble. La perversión absoluta de este esquema ya ha sido declarada por el presidente Correa de Ecuador como una violación de los derechos humanos, quien ya toma medidas para proteger a los ecuatorianos que regresan a su país con tales deudas.
España siempre ha sido una sociedad basada en el privilegio y la jerarquía. Y el maquillaje democrático de la transición no cambió este aspecto, si no que lo perpetuó disfrazado, escondido tras la vulgaridad libertina de ‘la movida’, elecciones y un popurrí de ‘autonomías’. Que el jefe de estado no fuese electo, no fuese responsable y estuviese por encima de la ley lo demostraba espléndidamente, pero eso no molestó demasiado; era mejor que Franco, de quien, cabe recalcar heredaba el poder. Ese rey, ahora senil, con sus aburridos discursos redundantes y carentes de legitimidad, provee con su comportamiento reciente el perfecto ejemplo de la grotesca situación de España. Mientras el pueblo español pierde día a día sus trabajos y sus casas, sus derechos laborales y beneficios de sanidad, mientras el país cae cada día mas en deuda, el rey anda, en secreto, cazando elefantes en África. Nadie se hubiese enterado si no es por que se cayó y se rompió algunos huesos. No hubo en respuesta a ese irrespeto revueltas legítimas de indignación en las calles (revueltas que pronto serán imposibles, pues el democrático estado español se apresura a criminalizar la protesta publica), el pueblo español esta bien entrenado por su ‘prensa libre’, la indignación debe ser hacia los indios levantiscos del virreinato de la Plata, que roban el petróleo español.
Argentina no ha respondido a la agresión verbal del gobierno español; tampoco lo han hecho los estados bolivarianos, sus aliados, dados a no dejar pasar por alto tales afrentas. Es curioso... Tamaña prepotencia merece sin embargo un castigo ejemplar. Entre otros, no asistir a la cumbre de Cadiz sería un buen paso, o mejor, declarar la nulidad de la neocolonial institucionalidad 'iberoamericana'; hasta que se reinstaure la república, claro, que no hay que olvidar que son los primos europeos, e Izquierda Unida aún mantiene en las sombras la dignidad.
